Análisis feminista de las políticas de internet

Cambiando nuestra visión de las TIC

Violencia contra las mujeres en Colombia: las TIC en segundo plano

Florencia Flores Iborra
Florencia Flores Iborra on 28 Marzo, 2013
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Florencia estudió filosofía en Instituto de Profesores Arigas (IPA) de Montevideo, Uruguay. Trabajó para APC como integrante del equipo del Monitor de políticas de TIC en América Latina. Actualmente participa del Programa de derechos de las mujeres de APC y escribe para GenderIT.org.
GenderIT.org
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En Colombia no existe norma jurídica ni política pública que relacione directamente la violencia contra las mujeres y las tecnologías de información y comunicación. “Estamos ante un escenario en el que queda mucho por hacer, pero que al mismo tiempo nos plantea una oportunidad”, afirma Olga Paz Martínez de la organización Colnodo, entidad que implementa en Colombia el proyecto de APC “Basta de violencia: derechos de las mujeres y seguridad en línea”. La colaboradora de GenderIT.org Florencia Flores Iborra la entrevistó para conocer los puntos destacados del proyecto en este primer año y las expectativas sobre el que se avecina: el escenario legislativo nacional, la experiencia de mapeo y documentación, y las tareas de incidencia en el plano político local.

La prevención de la violencia contra las mujeres (VCM) relacionada con las tecnologías contribuye a crear un entorno seguro para las niñas, jóvenes y mujeres en todos los ámbitos de la vida.

En este sentido y con el apoyo del Fondo para el Liderazgo y las Oportunidades para las Mujeres (FLOW) del Ministerio Holandés de Relaciones Exteriores (DGIS) durante 2012 y 2014 la comunidad de APC desarrolla el proyecto “Basta de violencia: derechos de las mujeres y seguridad en línea”, una iniciativa que se está implementando en siete países y que ya tiene sus logros.

En una entrevista especial para GenderIT.org, Olga Paz Martínez, referente del proyecto por el miembro de APC Colnodo, reflexionó acerca de la implementación de este proyecto en Colombia.

Florencia Flores Iborra: ¿Cómo ha sido la experiencia de Colnodo a la hora de implementar el proyecto “Basta de violencia: derechos de las mujeres y seguridad en línea”?

Olga Paz Martínez: En el caso de Colnodo, el proyecto comenzó a implementarse a mediados del año 2012. Al momento se trata de una experiencia muy enriquecedora. Con la línea de base (2) hemos realizado una investigación desde la perspectiva del marco normativo de la VCM y su relación con las TIC. Uno de los resultados de esta investigación es la confirmación de que en Colombia no existe norma jurídica, ni política pública que relacione directamente la VCM con las TIC, no hay relación entre una y otra. Ni las normas existentes en materia de TIC se refieren específicamente al género y a las violencias contra las mujeres, ni las normas en materia de VCM se refieren al uso de las TIC como espacios que facilitan las violencias de género.

Por lo tanto, hay un vacío jurídico que lleva a acudir de forma aislada a normas referidas a la violencia contra las mujeres, delitos informáticos, vulneración de los derechos fundamentales como la privacidad, la libertad, la autonomía, la dignidad humana, el libre desarrollo de la personalidad, la información personal, la reserva de identidad, la justicia, entre otros.

Sin embargo, existen importantes logros en materia del derecho internacional de los derechos humanos de las mujeres, que se hacen tangibles en una serie de tratados, convenciones, recomendaciones, resoluciones en las que Colombia reconoce la protección y garantía de los derechos humanos de las mujeres. Se trata de instrumentos internacionales que ofrecen una base importante para trabajar en el tema de violencia contra las mujeres en el contexto nacional (3).

Asimismo, a nivel nacional, existe la ley Nº 1257 por el derecho de las mujeres a una vida libre de violencias que busca prevenir, atender y erradicar las violencias contra las mujeres. Sin embargo, en la ley no se incluyen aspectos relacionados con las TIC.

En ese sentido, la línea de base nos brinda recomendaciones sobre cómo podemos trabajar para lograr profundizar en los temas que tienen que ver con la prevención de la violencia de género en relación con las TIC. Proponer un marco normativo en materia de TIC, hacer una ruta de atención liderada por las organizaciones sociales de mujeres en interlocución con el estado, documentar casos, por mencionar solo algunos ejemplos de las actividades que podemos llevar adelante.

Se trata de sensibilizar a la población en la problemática, además de buscar que la sociedad civil, el estado y los gobiernos reconozcan a las TIC como una posible herramienta que también puede ser utilizada para vulnerar los derechos de las mujeres.

FFI: ¿Cómo ha sido el trabajo de documentación de casos de violencia de género relacionado con las tecnologías?

Una menor de 13 años de edad era prostituida…
ofrecían los servicios sexuales de la niña, contactando
a los posibles clientes a través de las redes sociales

OPM: En cuanto al mapeo de los casos de VCM relacionados con las TIC se trata de un proceso bien interesante, sin embargo creo que nos hace falta profundizar en algunas acciones. Pienso que sería relevante generar una articulación con otras organizaciones para complementar el mapeo, documentar más casos y lograr que a partir del mapeo podamos, por ejemplo, obtener estadísticas de casos y tipologías de casos de violencias de género relacionadas con las TIC. El mapeo es un instrumento importante para sensibilizar y generar opinión en el tema. Es un reto para desarrollar durante este año.

Docentes de instituciones educativas de Bogotá,
obligaban a sus alumnas a realizar filmaciones de
carácter sexual que luego publicaban en internet.
Los dos docentes fueron condenados a 20 y 16
años de prisión, respectivamente, al hallarlos
responsables de los delitos de acto sexual.

No ha sido fácil documentar este tipo de historias. Existe una resistencia por parte de las mujeres a la hora de contar sus experiencias. De otra parte, no suele existir la conciencia de que algunas de estas acciones son delitos; si por ejemplo me crean un perfil en alguna red social y lo usan para publicar información difamatoria y desprestigiarme, eso es un delito que puede ser denunciado. Sin embargo tampoco son reconocidas las instancias a donde puedo ir a denunciar. Otras acciones no están tipificadas como delitos, pero también son una forma de ejercer la violencia contra las mujeres como publicar imágenes íntimas de ella sin su consentimiento; usar el celular para ejercer acoso o agredir a través del chat o de una red social.

Es importante documentar estos casos porque nos sirven para tomar acciones de prevención. Para mostrar las posibilidades que otorgan las TIC para agredir a las mujeres y para, al mismo tiempo, utilizar esta herramienta como un ejercicio de sensibilización. Es necesario difundir los casos, pero hay que analizar la manera de que esto se haga sin vulnerar los derechos de las mujeres.

Un sujeto
creaba perfiles en redes sociales como Facebook,
se hacía pasar por niña de 13 años usaba nombre
e imágenes falsas y así contactaba a las niñas.
Cuando se ganaba su confianza les preguntaba
sobre su ropa interior, su cuerpo, su sexualidad, etc.
Luego extorsionaba a las menores con publicar las imágenes.
El hombre fue capturado el 14 de julio de 2012 en Bogotá.

En internet, aunque las mujeres son las principales víctimas de abusos y los abusadores suelen ser hombres, también existen casos de agresiones donde las víctimas son varones jóvenes especialmente si hablamos de cyberbulling.

Las mujeres que trabajamos en estos temas nos sentimos solas a la hora de hablar sobre las distintas violencias de género y su relación con las TIC, pero también cuando queremos promover el uso de las TIC como herramientas para hacer prevención. Tenemos un desafío muy grande para que las mujeres defensoras de derechos humanos, activistas y líderes reconozcan las TIC como medios posibles para erradicar las violencias contra las niñas, jóvenes y mujeres. Queremos lograr por ejemplo que campañas como ¡Dominemos la tecnología! tengan una difusión masiva. Tenemos que involucrar más actores y actoras en esta tarea, más universidades, organizaciones sociales, organizaciones de mujeres, gobiernos locales, medios de comunicación, nos queda un largo camino por recorrer.

El año pasado por ejemplo, en el marco del proyecto, produjimos un informe sobre cómo incluir una perspectiva de género en los observatorios de medios (4). Este año queremos presentar oficialmente este material a los observatorios de medios que existen en Bogotá. Lo usual es que los observatorios no incluyan en sus análisis el rol de las mujeres en los contenidos que se presentan a través de los medios masivos de comunicación y menos las violencias contra las mujeres que se están legitimando a través de ellos.

FFI: ¿Cómo ha sido el trabajo con los organismos del gobierno a nivel local?

OPM: En esta fase del proyecto, nos hemos querido enfocar en acciones locales; en la primera fase orientamos el trabajo a nivel nacional y aunque logramos llegar a zonas realmente alejadas donde las violencias de género siguen aún más naturalizadas, esta vez nos interesa incidir más en políticas y creemos que el Distrito Capital (Bogotá) es un excelente escenario para ello. A propósito, en Bogotá tenemos una reciente Secretaría para la Mujer, políticas a favor de las mujeres, medios de comunicación y un movimiento importante de mujeres defensoras de derechos. También debemos seguir trabajando con instancias de cobertura nacional como el Ministerio de TIC, la Alta Consejería Presidencial para la Equidad de la Mujer (ACPEM) y ONU Mujeres para fortalecer el trabajo en red y buscar nuevos logros en materia de prevención de la violencia hacia las mujeres.

Actualmente, bajo la coordinación de la ACPEM, se está trabajando en una política nacional integral de equidad de género para garantizar los derechos humanos integrales e interdependientes de las mujeres y la igualdad de género (5).

Tenemos interacción con la ACPEM. La Alta Consejería tiene un gran interés por la problemática de la VCM y un nivel de interlocución con el movimiento de mujeres, pero a veces no se logran ejecutar medidas concretas.

Por otra parte, y como representantes de la sociedad civil, Colnodo participa de varios espacios donde se discute sobre temas de violencia vinculados con las TIC. Uno de ellos es el Colectivo Ciudadano por el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, promovido por la Corporación de Investigación y Acción Social y Económica (CIASE).

También formamos parte de laMesa Nacional de seguimiento a la ley Nº 1257. Desde ambos espacios tenemos la posibilidad de participar como interlocutores con distintos actores institucionales como el gobierno distrital y nacional; de hecho en algunos momentos hemos sido consultadas sobre diversos documentos que se elaboran a nivel de los gobiernos y brindamos nuestros aportes. Es una instancia de discusión, participación e interlocución muy importante.

En relación con el Ministerio de TIC, ellos tienen una iniciativa muy interesante: en TICconfío que tiene que ver con el uso responsable de las TIC, está focalizada a niños y niñas, pero sería interesante que trabajara también en la inclusión de la perspectiva de género.

FFI: ¿Qué prioridades crees que son necesarias trabajar en el futuro?

OPM: Me interesa remarcar un aspecto que considero muy importante. Nos encontramos ante un escenario en el que queda mucho por hacer, pero que al mismo tiempo nos plantea una oportunidad. El tema de las violencias de género relacionadas con las TIC realmente es nuevo en nuestro escenario y particularmente en Colombia es necesario posicionarlo porque no parece ser una prioridad ante las muchas violencias que sufren las mujeres en el conflicto armado.

Colombia está marcada por el conflicto armado, pero también fuera de él en la vida doméstica la violencia contra las mujeres es muy fuerte, y el tema de las TIC es visto como una problemática que se ubica en un segundo plano porque no hay reconocimiento de su potencial para facilitar el ejercicio de muchas violencias contra las mujeres.

El reto está en seguir pensando y desarrollando acciones que difundan la prevención de la VCM y su relación con las TIC. En ese sentido, este proyecto es fundamental para visibilizar el tema.

Footnotes

(1) Olga P. Paz Martínez es coordinadora del Área administrativa y de proyectos de Colnodo.
(2) La línea de base fue elaborada por Diana Cristina Caicedo Naranjo. Abogada egresada de la Universidad Externado de Colombia, con estudios en Derecho Público y Gerencia Social; defensora de derechos humanosi, consultora en materia de Justicia de Géneroi en entidades públicas y privadas, organizaciones de mujeres y de cooperación internacional. Pionera en la implementación del Programa Justicia de Género en el Distrito Capital de Bogotá. Actualmente es representante legal de la Corporación Gea Jurisgeneristas.
(3) La CEDAWi obliga a los estadois partes a tomar medidas concretas para enfrentar la discriminación, expresada en leyes y políticas públicas, que permitan no sólo la garantía de los derechos sino también el ejercicio real de éstos. Asimismo, dicha Convención impulsa la aplicación de acciones afirmativas, entendidas como medidas especiales de carácter temporal que se aplican para superar una desigualdad y, una vez cumplido su fin, desaparecen.
La Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeresi, conocida también como Convención de Belém do Pará, define la violencia contra las mujeres, los tipos de violencia y los ámbitos, y establece la responsabilidad del Estado en materia de atención, prevención y sanción. Este instrumento se ha constituido en la base de las leyes de violencia contra la mujer en Latinoamérica.
Por otra parte, la Corte Constitucional se ha pronunciado sobre el carácter obligatorio de las recomendaciones emanadas por los comités de los tratados internacionales suscritos por Colombia. Particularmente, en esta política, se toman en cuenta las que hacen referencia a asuntos relacionados con los derechos de las mujeresi y, en especial, las dadas por el Comité de la CEDAW.
También se consideran las resoluciones del Consejoi de Seguridad de Naciones Unidas en materia de Mujeres, Paz y Seguridad, como las Resoluciones 1325, 1820, 1888 y 1889. Por otra parte, diversas conferencias internacionales del sistema de Naciones Unidas han generado planes de acción para incorporar la perspectiva de género y los derechos de las mujeres en la gestión del desarrollo como apuesta para superar la pobreza, alcanzar la equidad y garantizar la integralidad de los de derechos humanos.
El Estado Colombiano ha incorporado en la gestión pública sus propuestas; de especial relevancia en estos últimos años, son las Metas del Milenio del 2000 y el Consenso de Brasilia de 2010. (Extraído del documento elaborado por Diana Cristina Caicedo Naranjo).
(4) El paper fue preparado por Norma Constanza Castillo Murillejo y Oscar Durán Ibatá. Norma Castillo es comunicadora social y periodista, docente investigadora de la Universidad Jorge Tadeo Lozano y Los Libertadores de Bogotá, con enfoque diferencial en género y mujer y trata de personas. Integrante del Colectivo ciudadano Por el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencias y de la Red Académica Latinoamericana sobre Trata de personas. Oscar Durán es comunicador social y periodista. Magíster en Educación de la Universidad del Norte y candidato a Magíster en Periodismo de la Universidad de los Andes. Gestor de procesos para el cambio social. Investigador, realizador de televisión, documentalista, guionista, crítico de cine y televisión y docente investigador de la Universidad Jorge Tadeo Lozano de Bogotá. El informe se encuentra disponible en www.genderit.org/es/node/3775/.
(5) Asimismo, dentro de los objetivos de la ACPEM, se encuentran:
1- Garantizar los derechos humanos integrales e interdependientes de las mujeres y la igualdad de géneroi
2- Fortalecer el tema de mujer y género en las instituciones del estado a nivel nacional y territorial.
3- Promover espacios de interlocución con las organizaciones de mujeres y de la sociedad civil.
4- Promover la transversalización del enfoque diferencial de género en las políticas públicas de atención integral población desplazada por la violencia.
Más información: www.equidadmujer.gov.co/Consejeria/Paginas/Objetivos-Metas-Funciones.aspx

 

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