Acceso a internet : más allá de los cables, una gobernanza al servicio de las personas y comunidades

26 Agosto 2016

A 25 años de que se hizo pública la primera página web para el mundo, en tiempos de de hablar del masivo uso de redes sociales o del “éxito” de las descargas de PokemonGo en América Latina, parece que la “brecha digital de acceso” ya no se plantea como un problema en los debates sobre el futuro de Internet ni un tema de agenda de política pública de la región.

Sin embargo, en la última reunión preparatoria del Foro de Gobernanza de Internet de América Latina y el Caribe LACIGF9 realizado en San José de Costa Rica, el panel que discutió los temas de acceso y conectividad, permitió generar, junto con la discusión sobre inclusión social, un debate sobre una meta que no está para nada cerrada, ni menos debería resultar obvia de responder. La discusión sobre el “acceso” a internet debe considerar una doble cara porque tiene que ver tanto con lo cuantitativo (cuántas/cuántos acceden) como con lo cualitativo- simbólico-cultural (quiénes, para qué, por qué).

Aproximadamente 250 millones de latinoamericanas y latinoamericanos mayores de 15 años no accede ni es usuaria/o de internet regularmente, señala Hernán Galperín (2016), economista y académico de la Universidad de Annenberg (USC) en su reciente informe Cómo conectar a la otra mitad encargado para la Global Commission on Internet Governance.

El informe se hace cargo de revisar uno de los aspectos más complicados hoy en la estadística latinoamericana sobre conectividad digital: mirar y revisar indicadores y métricas con las qué se mide el acceso a Internet (personas vs hogares) y lo que se pregunta y considera para sacar conclusiones sobre ese acceso (género, edad, dónde se vive, desde dónde se accede y se conecta). ¿Quiénes no están conectados? Según este informe, son las personas en la línea de pobreza, las personas que tienen menos educación, las mujeres, las personas y familias que viven en zonas rurales o en zonas con menos densidad de población o zonas aisladas.

Todavía hay un camino que recorrer y mejorar en el tema de generar estadísticas, porque en muchos países estos datos no están sistematizados ni desagregados (por género, edad, situación socioeconómica y menos aún por indicadores que tomen en cuenta la diversidad de pueblos originarios, por ejemplo), y porque se trata de no sólo medir “los cuánto” y los “con qué se conecta/accede a Internet” (computadores vs teléfonos móviles). Y porque, tiene directa relación con lo que Daniel Pimienta (2007) llamó “brecha digital brecha social, brecha paradigmática”: “la brecha digital no es más que el reflejo de la brecha social en el mundo digital”.

La dimensión cualitativa del acceso a internet

Por eso, el debate sobre “el acceso a internet” también está siendo cada vez más sobre la dimensión cualitativa de los indicadores del “cómo se accede”: acceso a qué Internet y a qué servicios asociados a esta tecnología (redes sociales, buscadores, streaming o a servicios online de gobierno, salud, educación, etc), y por cierto, con qué calidad y velocidad de conexión (la de la banda ancha, 4G o la de prepago o 2G).

Aquí es donde aún existen desafíos para todos los países de la región cuando se trata de toma de decisiones de políticas públicas: las primeras iniciativas para dar acceso público a través de telecentros/infocentros comunitarios se acabaron y son reemplazadas por la entrega masiva de tabletas a escolares, o con el levantamiento de torres de antenas de wifi pública en zonas rurales, y/o con la implementación de subsidios para servicios de conectividad digital para las familias más vulnerables.

Pensemos que en buena parte de nuestros países, y por políticas del sector que han sido regidas por el mercado, la tecnología que finalmente “democratiza este acceso” es el teléfono móvil, y por ello los datos muestran que en promedio en la región hay casi dos dispositivos por habitante. Pero aún, el desafío sigue siendo medir (y garantizar) la calidad de esa conectividad móvil en relación con la conectividad que entrega una banda ancha fija.

Esta mirada cualitativa también tiene que ver con la dimensión simbólica – cultural: internet ha sido desde el comienzo la promesa de acceso a más y mejor información, comunicación y conocimiento (cultura, educación, contenidos, ejercicio de derechos humanos, sociales, económicos). Y de esto sabemos aún poco en nuestros países por una serie de razones (financiamiento, voluntad política, etc). Ahora es cuando estamos empezando a ver lo estrátegicos que son, por ejemplo, los usos y sentidos que dan al acceso a internet las mujeres rurales, las mujeres de tercera edad, las que viven en situación de pobreza, las comunidades y las personas de diversas identidades sexuales, transgénero, etc.

También empezamos a ver cuáles son los usos y sentidos que tiene el “estar conectado y tener acceso a internet” para jóvenes y niñas/niños que viven conectados a multipantallas y en la continuidad de vida online-offline y qué posibilidades y oportunidades significa la conectividad para mujeres y hombres jefes/jefas de hogar, de clase media, desempleados o subempleados, para responder a las necesidades o afanes cotidianos.

Esta será la dimensión clave para comprender cómo ocurren o no procesos de inclusión/exclusión social y de apropiación social, tomando en cuenta cuál es el lugar que finalmente ocupa el hecho de acceder a internet, a la web y a los servicios, contenidos y recursos que se crean y producen globalmente, localmente y a diario. Estas mediciones sobre los usos muchas veces llegan de manos de agencias de marketing digital, más que de estadísticas oficiales o públicas o académicas. (Una publicación que recoge varios estudios en esta línea es Public Access to ICT across cultures, MIT Press, 2015).

Acceso a internet para hacer la diferencia y ejercer derechos

Para muchas personas en la región “acceder y usar internet es usar Facebook o alguna otra red social o juego o aplicación descargable”. Comprender esta realidad es una oportunidad para potenciar el para qué o por qué queremos seguir desarrollando acciones, proyectos e iniciativas desde los sectores público, sociedad civil o privado que buscan entregar algo que puede hacer la diferencia a cerrar estas brechas y a potenciar proyectos innovadores para mejorar la calidad de vida de personas y comunidades. Las ideas y lo que falta por hacer va desde aquellas que buscan más potenciar la producción de contenidos en los idiomas y en las lenguas de nuestros pueblos originarios, o para niños/as y mujeres, o que releven la participación creativa y colaborativa de las personas en plataformas online, o las que buscan llevar la participación comunitaria/ciudadana al uso de recursos y herramientas digitales, como el mapeo colectivo, el control social de las autoridades, entre otras.

De esta forma, los otros temas debatidos en LACIGF9 sobre el futuro de internet en relación a aspectos como la economía y la inclusión digitales, por ejemplo, con el desarrollo de servicios y plataformas de intercambio que impliquen potenciar emprendimientos locales y sociales, otorgan valor central a la discusión sobre el ejercicio y garantía de los derechos humanos en internet, un espacio que cada vez más es sinónimo de vigilancia de datos personales, de violencia de género en línea, de pérdida de la privacidad y de concentración de servicios en manos de unas pocas grandes empresas que pretenden dominar la web.

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