Análisis feminista de las políticas de internet

Cambiando nuestra visión de las TIC

Sudáfrica: Violencia contra las mujeres y tecnologías de información y comunicación

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La Constitución de Sudáfrica es una de las más progresistas del mundo. El gobierno de este país está comprometido con la erradicación de la violencia contra las mujeresi (VCM). Ratificó la Plataforma de Acción de Beijing, la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer (CEDAW) y aprobó una serie de disposiciones legislativas que intentan abordar la problemática de la VCM. Sin embargo, para muchas mujeres, la violencia se ha convertido en parte de su vida cotidiana y amenaza con erosionar los logros jurídicos y políticos. Las estadísticas demuestran que mueren 8,8 por cada 100 mil mujeres de 14 años o más. En Sudáfrica, una mujer es asesinada cada seis horas – la tasa más alta registrada hasta ahora en cualquier parte del mundo. La tasa de muertes por violación es de 3,65 por cada 100 mil mujeres de 14 años o más. La violencia doméstica afecta a una de cada dos mujeres en algunas partes de Sudáfrica. Solo una de cada nueve mujeres violadas denuncia la agresión a la policía. Las organizaciones de la sociedad civili brindan refugios, servicios de intervención, asistencia jurídica y centros de crisis por violación; también están implementando un número creciente de servicios sociales. Algunas están utilizando las tecnologías de información y comunicacióni (TIC) en su trabajo para combatir la VCM.

Las estadísticas de las TIC revelan que el 10,5% de la población tiene acceso a interneti, del cual 51% son mujeres pero esto se limita a los ricos. El 80% de la población posee teléfonos móviles y las mujeres representan casi la mitad de ese porcentaje. Las políticas de TICi tienen un enfoque neutral del géneroi, por lo que las ventajas se acumulan a favor de los hombres. La tecnología se desarrolla más rápidamente que la comprensión que la sociedad sudafricana llega a desarrollar en cuanto a sus usos e implicancias. Hay poca comprensión de la utilización estratégica de las TIC para apoyar la lucha contra la VCM, así como del reconocimiento de nuevas vías para su perpetración.

La Ley de violencia doméstica de 1998 reconoce el hostigamiento y el acoso a través de llamadas telefónicas y correos electrónicos. La Enmienda de la Ley sobre delitos sexuales de 2007 incluye los delitos de visualización y creación de pornografíai infantil. Dicha ley contiene disposiciones provisorias relativas a la lucha contra la trata de personas con fines sexuales. El Proyecto de Leyi de protección contra el acoso de 2009 define el acoso como las conductas que directa o indirectamente causan perjuicios e incluye, acto seguido, la persecución o el acoso verbal por vía electrónica. La Ley de la infancia de 2005 y la Enmienda de la Ley de la Infancia de 2007 incluyen disposiciones para luchar contra la pornografía infantil. El Marco de políticas nacionales para el empoderamientoi de la mujer y la igualdad de géneroi se compromete a corregir las desigualdades en el sector de las TIC y apoyar la participación de las mujeres.

Censurai versus libertad de expresióni: Técnicamente la pornografía es admisible porque la Constitución establece que toda persona tiene derecho a la libertad de expresión, libertad de prensa y otros medios de comunicación y libertad de creación artística. También establece que toda persona posee una dignidad inherente y protege contra todo lo que constituya incitación a causar daño.

Privacidad versus vigilancia: La privacidad de las comunicaciones es un derecho fundamental protegido en la Constitución. Otras leyes procuran garantizar que todas las infraestructuras de comunicaciones electrónicas de los órganos del Estadoi estén protegidas y seguras, hecho que resulta en una leve tensión con la Ley de acceso a la informacióni que garantiza la transparencia para la ciudadanía.

 

Recomendaciones

Para el gobierno: armonizar e implementar las políticas de TIC con una fuerte perspectiva de género y permitir la reparación y la transparencia; establecer mecanismos de supervisión de género para controlar las regulaciones; asegurar que el gobierno realice auténticas consultas transversales, incluyendo a expertos en temas de género y TIC.

Para la sociedad civil: desarrollar estrategias colectivas para las políticas y las prácticas; acciones entre la sociedad civil y la Comisión de Igualdad de Género; educar a los responsables políticos, la policía y los proveedores de servicios sobre la VCM y las TIC; sugerir legislación pertinente para luchar contra la VCM; cabildeari para obtener estadísticas e indicadores desagregados por sexoi; desarrollar contenido estratégico relevante a nivel local y que ayude a las necesidades inmediatas de supervivencia y los derechos de comunicación de las mujeres.

Para el Programa de apoyo a las redesi de mujeres de la Asociación para el Progreso de las Comunicaciones: Acciones de sensibilización sobre la importancia de las TIC y el daño potencial para las mujeres y el uso estratégicoi de las TIC para las organizaciones que trabajan con la VCM; talleres y sesiones de capacitacióni para la transferencia de competencias en el uso de las TIC, orientados a profesionales clave y activistas por la justicia social.

 

Leer el informe (en inglés)