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(Los estudios de casos completos, en español, están disponibles en el informe descargable de México.)
Este informe surge de una investigación llevada a cabo en México entre noviembre de 2013 y abril de 2014 por la Asociación para el Progreso de las Comunicaciones (APC) como parte del proyecto entre múltiples países titulado “Basta de violencia: derechos de las mujeres y seguridad en línea”.
México es un país de contradicciones. Por un lado, se han firmado y ratificado varias leyes y tratados que protegen los derechos de las mujeres; pero, por otro lado, se violan los derechos de las mujeres en todos los sectores de la sociedad. La sociedad mexicana no suele ver a hombres y mujeres como iguales y esta desigualdad se refleja en las familias, las escuelas, los lugares de trabajo y las comunidades. En este contexto, la tecnología introdujo otra contradicción: habilitó el acceso a la información y a nuevos y poderosos medios de comunicación pero también dio lugar a nuevas formas en las que se perpetúa la violencia contra las mujeres (VCM).
El presente informe analiza en profundidad cuatro estudios de caso (Los estudios de casos completos, en español, están disponibles en el informe descargable de México.) con el fin de explorar cómo se perpetúa la VCM a través de la tecnología. Además de los hallazgos relativos a los estudios de caso, el informe contiene una descripción de los instrumentos legales mexicanos y las políticas de los intermediarios corporativos. Los datos del informe se recogieron a partir de interacciones con mujeres sobrevivientes de VCM (y en el caso de una niña menor de edad, con la trabajadora social encargada del caso), entrevistas con intermediarios, conversaciones con trabajadores sociales, y una mesa redonda con expertos/as en derechos humanos. El análisis destaca específicamente las voces y la acción de las mujeres, y pone énfasis en sus experiencias y estrategias.
El informe revela que en los cuatro casos, la tecnología fue fundamental para el aumento y la continuidad de la agresión, que de otro modo no hubiera sido posible. Las historias de las sobrevivientes ponen en evidencia que la violencia psicológica puede transformarse en violencia física o sexual, y que la tecnología puede permitir a los agresores permanecer en el anonimato, lo que les da mayor poder sobre sus víctimas. Las mujeres sufrieron daños físicos, económicos, sexuales y psicológicos como consecuencia de la VCM relacionada con la tecnología, entre ellos, miedo, aislamiento, pérdida de relaciones personales y movilidad reducida.
En general, las mujeres estaban mal informadas sobre internet y las redes sociales, y no sabían que podrían verse perjudicadas en estos espacios. Sin embargo, a pesar de que todas las sobrevivientes limitaron o censuraron su uso de la tecnología después de la agresión, no creen que la tecnología sea la culpable de la violencia.
Al analizar las políticas de los intermediarios de internet, el informe concluye que cuanto más grande sea la empresa menos políticas tiene sobre violencia. En general, las políticas de todos los intermediarios, incluidos los servicios de internet locales, navegadores web y proveedores de redes sociales, carecen de una perspectiva de género clara y no abordan directamente la discriminación de género y la violencia.
Un análisis más profundo de las leyes mexicanas concluyó que aunque se ha aprobado una gran cantidad de legislación nacional sobre VCM, esta no se aplica de manera uniforme a nivel estatal y local. Los organismos responsables de la justicia eluden o ignoran la ley por completo y actúan de acuerdo a sus propias tradiciones patriarcales. Mientras tanto, la legislación sobre TIC está en pañales y no cubre los diversos tipos de violencia digital que enfrentan las mujeres.
Aparte de los fracasos legislativos, existen también obstáculos sociales, administrativos e institucionales que impiden el acceso de las mujeres a la justicia. Estos van desde la falta de personal especializado en VCM, a los prejuicios de las autoridades competentes y la falta de recursos. En general, el informe afirma que aunque las sobrevivientes de la violencia relacionada con la tecnología encontraron formas de frenar la misma, no tienen posibilidades reales de recurrir a la justicia.
El informe concluye con una serie de recomendaciones para prevenir y combatir la VCM relacionada con la tecnología en México; entre ellas, mejorar la legislación federal sobre la VCM, revisar los códigos penales locales, aumentar la capacitación en materia de igualdad de género en todos los niveles de la administración pública, y un llamado a los intermediarios a mejorar sus políticas y procedimientos de denuncia y a adoptar una perspectiva de género más sólida. El informe también aboga por una nueva cultura de la tecnología y una conciencia de género más amplia de toda la sociedad para que la VCM deje de ser considerada como una cuestión de moralidad y pase a ser vista como un problema de discriminación y como parte de las violaciones a los derechos humanos en todo México.
Más información sobre la investigación aquí
Esta investigación forma parte del proyecto “Basta de violencia: derechos de las mujeres y seguridad en línea” de APC, financiado por el Ministerio de Asuntos Exteriores de Holanda (DGIS).
(Los estudios de casos completos, en español, están disponibles en el informe descargable de México.)
Este informe surge de una investigación llevada a cabo en México entre noviembre de 2013 y abril de 2014 por la Asociación para el Progreso de las Comunicaciones (APC) como parte del proyecto entre múltiples países titulado “Basta de violencia: derechos de las mujeres y seguridad en línea”.
México es un país de contradicciones. Por un lado, se han firmado y ratificado varias leyes y tratados que protegen los derechos de las mujeres; pero, por otro lado, se violan los derechos de las mujeres en todos los sectores de la sociedad. La sociedad mexicana no suele ver a hombres y mujeres como iguales y esta desigualdad se refleja en las familias, las escuelas, los lugares de trabajo y las comunidades. En este contexto, la tecnología introdujo otra contradicción: habilitó el acceso a la información y a nuevos y poderosos medios de comunicación pero también dio lugar a nuevas formas en las que se perpetúa la violencia contra las mujeres (VCM).
El presente informe analiza en profundidad cuatro estudios de caso (Los estudios de casos completos, en español, están disponibles en el informe descargable de México.) con el fin de explorar cómo se perpetúa la VCM a través de la tecnología. Además de los hallazgos relativos a los estudios de caso, el informe contiene una descripción de los instrumentos legales mexicanos y las políticas de los intermediarios corporativos. Los datos del informe se recogieron a partir de interacciones con mujeres sobrevivientes de VCM (y en el caso de una niña menor de edad, con la trabajadora social encargada del caso), entrevistas con intermediarios, conversaciones con trabajadores sociales, y una mesa redonda con expertos/as en derechos humanos. El análisis destaca específicamente las voces y la acción de las mujeres, y pone énfasis en sus experiencias y estrategias.
El informe revela que en los cuatro casos, la tecnología fue fundamental para el aumento y la continuidad de la agresión, que de otro modo no hubiera sido posible. Las historias de las sobrevivientes ponen en evidencia que la violencia psicológica puede transformarse en violencia física o sexual, y que la tecnología puede permitir a los agresores permanecer en el anonimato, lo que les da mayor poder sobre sus víctimas. Las mujeres sufrieron daños físicos, económicos, sexuales y psicológicos como consecuencia de la VCM relacionada con la tecnología, entre ellos, miedo, aislamiento, pérdida de relaciones personales y movilidad reducida.
En general, las mujeres estaban mal informadas sobre internet y las redes sociales, y no sabían que podrían verse perjudicadas en estos espacios. Sin embargo, a pesar de que todas las sobrevivientes limitaron o censuraron su uso de la tecnología después de la agresión, no creen que la tecnología sea la culpable de la violencia.
Al analizar las políticas de los intermediarios de internet, el informe concluye que cuanto más grande sea la empresa menos políticas tiene sobre violencia. En general, las políticas de todos los intermediarios, incluidos los servicios de internet locales, navegadores web y proveedores de redes sociales, carecen de una perspectiva de género clara y no abordan directamente la discriminación de género y la violencia.
Un análisis más profundo de las leyes mexicanas concluyó que aunque se ha aprobado una gran cantidad de legislación nacional sobre VCM, esta no se aplica de manera uniforme a nivel estatal y local. Los organismos responsables de la justicia eluden o ignoran la ley por completo y actúan de acuerdo a sus propias tradiciones patriarcales. Mientras tanto, la legislación sobre TIC está en pañales y no cubre los diversos tipos de violencia digital que enfrentan las mujeres.
Aparte de los fracasos legislativos, existen también obstáculos sociales, administrativos e institucionales que impiden el acceso de las mujeres a la justicia. Estos van desde la falta de personal especializado en VCM, a los prejuicios de las autoridades competentes y la falta de recursos. En general, el informe afirma que aunque las sobrevivientes de la violencia relacionada con la tecnología encontraron formas de frenar la misma, no tienen posibilidades reales de recurrir a la justicia.
El informe concluye con una serie de recomendaciones para prevenir y combatir la VCM relacionada con la tecnología en México; entre ellas, mejorar la legislación federal sobre la VCM, revisar los códigos penales locales, aumentar la capacitación en materia de igualdad de género en todos los niveles de la administración pública, y un llamado a los intermediarios a mejorar sus políticas y procedimientos de denuncia y a adoptar una perspectiva de género más sólida. El informe también aboga por una nueva cultura de la tecnología y una conciencia de género más amplia de toda la sociedad para que la VCM deje de ser considerada como una cuestión de moralidad y pase a ser vista como un problema de discriminación y como parte de las violaciones a los derechos humanos en todo México.
Más información sobre la investigación aquí
Esta investigación forma parte del proyecto “Basta de violencia: derechos de las mujeres y seguridad en línea” de APC, financiado por el Ministerio de Asuntos Exteriores de Holanda (DGIS).
Year of publication
2015
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