De imaginarios socioculturales y acceso a la justicia: violencia contra las mujeres relacionada con la tecnología en Colombia

Colombia fue uno de los siete países cubiertos por el proyecto de investigación de APC “Basta de violencia: derechos de las mujeres y seguridad en línea”, llevado adelante en sociedad con Colnodo. En esta entrevista, Maria Goñi entrevista a Ana Maria Acosta y Marina López Sepulveda, dos de las tres investigadoras que, junto a Colnodo, realizaron interesantes hallazgos.



Maria Goñi: Colombia tiene normativas que abordan la temática de la violencia de género ¿Qué efectos tiene esta sobre el abordaje y la atención a la violencia contra las mujeres en el ámbito de las tecnologías?



Ana Maria Acosta (AMC): La ley en Colombia que aborda la violencia de género establece que se debe proceder ante cualquier contenido que sea discriminatorio y violento hacia las mujeres. Existe un marco normativo robusto para proteger a las mujeres frente a situaciones de violencia doméstica, pero esta protección se da principalmente en el ámbito fuera de línea. Para formas de violencia de género a través del uso de las tecnologías, como ser el ciberacoso o ciberchantaje, no existe una tipificación específica que las reconozca dentro del marco normativo existente.



Los delitos informáticos están principalmente asociados hacia el ataque a bases de datos o hacia instituciones públicas, dejando por fuera otra gama de delitos, entre ellos. las formas de violencia de género que se producen en línea.



De esta manera, cuando una mujer recurre hacia las instituciones públicas para hacer las denuncias correspondientes sobre situaciones de acoso y violencias vividas en este ámbito, no encuentra las respuestas adecuadas, no hay una claridad sobre los mecanismos y trayectorias a seguir y, principalmente, este tipo de violencia no es visualizada como tal.



El reconocimiento de la sociedad a través de múltiples campañas, acciones y políticas de incidencia – desarrolladas principalmente por la sociedad civil organizada y por el Estado – acerca de la temática de la violencia de género como violación a los derechos de las mujeres aún no se ve traducida en igual medida en el espacio virtual.



El informe de investigación de Colombia plantea la necesidad de incorporar en el ámbito normativo la violencia de género en línea, para que sea visualizada por los distintos operadores que deben dar cumplimiento a la normativa vigente. De otra forma, esta continuará siendo invisibilizada por los actores públicos y privados pero también por el conjunto de la sociedad.



MG: ¿Cuáles son las dificultades que encuentran las mujeres al momento de denunciar estas situaciones en Colombia?



AMA: En el plano formal, el Estado no asegura las garantías suficientes para el trato y abordaje adecuado frente a estas situaciones. Cuando la mujer decide denunciar su situación e intenta acceder a la justicia, se encuentra con trabas que van minando su recorrido y las posibles respuestas – que deben ser inmediatas – para reparar su situación. La falta de protocolos que permitan orientar las trayectorias y respuestas a brindarse, según las características del caso, hacen que los procesos sean lentos y también poco efectivos. Esto se ve alimentado por funcionarios/as que en su mayoría no se encuentran sensibilizados/as con la problemática concreta y de esta manera no pueden dar una atención y respuesta de calidad frente a las demandas de las mujeres. De esta manera, se presentan situaciones en donde la mujer siente deslegitimado su relato y la situación termina siendo invisibilizada, perpetuando las relaciones de poder en el marco del sistema patriarcal.



Por otro lado, muchas veces las mujeres no reconocen este tipo de comportamientos como otra forma de violencia de género. Esto dificulta mucho la denuncia y visualización de estas situaciones. Las campañas de sensibilización y educativas en todos los niveles resultan fundamentales para revertir estas situaciones y fomentar que las mujeres puedan denunciar estas situaciones.



Podríamos suponer que tener más denuncias en el plano de lo formal podría ser una estrategia de presión para que el Estado asuma el vacío legal y pueda desarrollar políticas específicas.



MG: ¿Cómo se llegó a los casos de Martha y Alejandra documentados en la investigación?



Marina López Sepulveda (MLS): A través del trabajo como activista y defensora de derechos humanos, además de ser abogada y docente universitaria, conocí ambos casos. Trabajo en la Fundación Voces de Derechos, donde buscamos visibilizar las violencias hacia las mujeres y también acompañarlas en un proceso formativo empoderándolas en sus derechos y en la exigibilidad de todo el proceso de incidencia que iniciamos conjuntamente en cada caso. En ese proceso fuimos conociendo los casos que documenté en la investigación. Uno de ellos fue conocido a través de la Alcaldía Distrital de Barranquilla, adonde llegó una de las mujeres, desesperada, pidiendo ayuda y asesoría en la atención urgente que necesitaba. Le recomendaron la Fundación en donde trabajamos y se contactaron conmigo como abogada para asesorarla. El otro caso también llegó a nosotras a través de este activismo. Recomendaron mi nombre e iniciamos un proceso de acompañamiento para la denuncia.



MG: ¿Qué trayectorias habían realizado estas sobrevivientes antes de llegar a ustedes?



MLS: En uno de los casos la mujer afectada había recurrido a la Alcaldía Distrital, a la Oficina de Atención a las Mujeres y había denunciado el caso pero no había logrado el acceso a la justicia en la debida atención integral que corresponde para los casos de violencias hacia las mujeres. A pesar de que ellas ya habían denunciado lo que les estaba sucediendo y las angustias que estaban pasando, las autoridades no les daban las respuestas adecuadas en el tiempo razonable que corresponde, ni con las garantías a las que tienen derecho.



Esta falta de atención tiene que ver también con el sostenimiento de algunos imaginarios socioculturales que están presentes en el acceso a la justicia y también en el desconocimiento de cómo afectan las violencias digitales a las mujeres, al igual que otros tipos de violencia.



MG: ¿Cuál es el rol de las empresas frente a estos casos?



AMA: Las empresas tienen que cumplir con la Constitución y las normas legales de Colombia. Como son empresas privadas ellas mismas pueden autoregularse a través de los códigos que definan. Por lo tanto, llevan adelante términos y condiciones de uso en donde especifican, por ejemplo, cuándo bajar contenidos. Pero siempre, en sus términos y condiciones, dicen que lo harán discrecionalmente y son ellos mismos quienes regulan los contenidos sobre qué debe bajarse y que no. Esto es un tema puramente ético.



Cuando la mujer solicita que se bajen contenidos que considera agresivos y violentos hacia ella tiene que presentar a la empresa una orden judicial. Para esto tiene que transitar por un proceso legal largo y pocas veces fácil. Mientras tanto, los contenidos están allí y siguen difundiéndose y amplificando. Esto evidencia el desfasaje entre los procedimientos legales formales y las acciones que se desarrollan a través de las tecnologías. Cuando llega la orden judicial ya es demasiado tarde porque la imagen se propagó y los efectos que esto le produjo a la mujer se fueron profundizando en todo ese tiempo. ¿Quién se hace responsable de esto? Nadie.



Por otro lado, las empresas al no tener internalizado esto como una problemática real no tienen una cabal percepción sobre los efectos que esto produce sobre las mujeres.



MLS: El rol de las empresas no está para nada dentro del contexto de la responsabilidad social empresarial que les corresponde mínimamente. Es la misma indiferencia que tiene el Estado frente a estas situaciones. Lo positivo de esta investigación es que logró acercar esta problemática al menos a las empresas consultadas, para iniciar procesos de concientización. Algunas respondieron positivamente y otras decían que iba hacer el intento pero que no dependía de ellas, porque también es una manera de salirse del problema alegando la privacidad, la libertad de expresión, etc.



MG: ¿Hay protocolos específicos para este tipo de casos en las empresas proveedoras de servicios de internet?



AMA: No. Ni siquiera está en su agenda, ni en Colombia ni en otros países.



MG: ¿Cuál es el rol de la sociedad civil en este contexto?



AMA: La sociedad cumple un rol fundamental. La campaña ¡Dominemos la tecnología! ha sido crucial para concientizar sobre este tema. En Colombia, otras organizaciones que no trabajaban sobre el tema se han involucrado en el mismo y esto es bueno porque permite llegar a otros públicos y a otros espacios.



MLS: Es muy importante. La sociedad civil tiene un rol fundamental en el acompañamiento, en la concientización, en la intervención misma. La sociedad civil, a tráves de su discurso más amplio sobre la problemática, abordándolo como un problema de salud y de seguridad pública, permite dar cuenta de que este es un problema que nos afecta a todos/as. Esta investigación posibilitó de igual manera evidenciar las acciones de incidencia de quienes hemos intervenido en ella con el estudio de recursos legales, la documentación de casos, entrevistas, encuestas, campañas y procesos formativos sobre derechos de las mujeres y seguridad en línea. En Barranquilla hicimos 1.200 encuestas de percepción sobre la temática, evidenciando la categorización de diferentes formas de violencias a través del uso de las tecnologías, las plataformas (Twitter, teléfonos móviles, Facebook, correos electrónicos, chats, YouTube, Skype), la respuesta recibida por parte de las autoridades, el tipo de sanción, las empresas intermediarias de internet, las manifestaciones, impactos y perpetradores. Fueron aplicadas a estudiantes universitarios de la Facultad de Derecho de la Corporación Universitaria Rafael Núñez (CURN-Barranquilla) en el desarrollo de las cátedras de Derecho constitucional, Derechos humanos y “Derecho y género”, promovida esta última por la Fundación Voces de Derechos. Así mismo, se les aplicó la misma encuesta a estudiantes de las diferentes facultades de la Universidad del Atlántico, en el desarrollo de la cátedra “Normas jurídicas de protección contra el maltrato a la niñez y a la mujer” promovida por el grupo de investigación “Mujer, género y cultura”.



MG: ¿El caso de Alejandra, con una resolución positiva y rápida, marcó un precedente para otros casos?



MLS: Si, podríamos tomarlo como un precedente que nos permita evidenciar que sí es posible que un caso llegue a la instancia de resolución y que se le de el tratamiento que corresponde, alejándose de la impunidad. El hecho de que su agresor estuviera recluído, de que se tratara el asunto como un delito, de que se concientizara sobre la comisión de un delito y se alcanzaran acuerdos para retirar las imágenes, nos lleva a decir que podríamos tomarlo como un precedente. No en el ideal de lo que se hubiera querido, pero sí en los acercamientos a las garantías de dignidad y derechos para las mujeres, evitando sobre todo la impunidad.



MG: ¿Cómo afectó este tipo de violencia a la vida de las mujeres?



MLS: Las afectó y las marcó de por vida, como todo tipo de violencia hacia las mujeres. Hay mucho temor, no quieren utilizar los celulares, las tecnologías, se alejan de las TIC porque sienten que a través de ellas se les hizo daño. Son muy temerosas de abrir una cuenta en Facebook y, si lo hacen, tienen mucho cuidado. Sienten que al subir una foto ésta puede ser utilizada para algo que no quieren. Incluso este temor es transmitido hacia sus hijos/as.



Si bien ellas tuvieron un momento de fortaleza, hablaron del asunto y denunciaron sus situaciones, muchas después sienten que podría haber sido un error – al quedar tan expuestas y sentirse más inseguras. Por eso, es fundamental el rol de acompañamiento y apoyo que las organizaciones del movimiento social de mujeres hacen con estos casos.



En el caso de Alejandra se logró alcanzar un proceso de resiliencia, de empoderamiento y de autonomía muy importantes, a tal punto que ella ahora replica entre otras mujeres los cuidados que deben tener para utilizar las tecnologías en forma responsable y segura.



MG: La violencia contra las mujeres en el marco de las tecnologías plantea algunos debates que van desde la protección de los derechos individuales a la libertad de expresión. ¿Cómo se plantea esto desde el Estado y las empresas?



AMA: Tanto la Corte Suprema de Justicia y la Corte Constitucional en Colombia han fallado en casos en donde se ha expuesto la intimidad de las mujeres. En Colombia, el derecho a la intimidad es un derecho constitucional. Cuando existe un delito en donde la mujer ve violada su intimidad a través de la publicación de imágenes y/o conversaciones, la justicia debe fallar para proteger el derecho a la intimidad de la mujer. El problema está en que, para alcanzar ese proceso, el recorrido es largo ya que el ciberacoso no es considerado una conducta violenta. Persiste el vacío de conciencia acerca de las tecnologías como herramientas para cometer delitos y violencia contra las mujeres. Así, se considera que estas conductas son parte de las relaciones entre varones y mujeres, parte del “cortejo” en la relación y/o de la seducción en el ámbito virtual, lo que continúa alimentando las asimetrías de poder y las conductas patriarcales en el ámbito virtual.



Por otro lado, las empresas también se desentienden de la problemática aduciendo la libertad de expresión en línea. No es simple el tema, porque existen múltiples aristas para su interpretación. Por ejemplo, el agresor puede alegar que si a él le sacan información del correo antes de una acción judicial, estarían vulnerando el derecho a su intimidad. Por otro lado, el agresor – al publicar una imagen y/o conversación que vulnera a la mujer – puede declarar que lo hace bajo la libertad de expresión ya que la mujer le entregó ese material y que, por lo tanto, la empresa estaría censurando los contenidos en internet.



Por eso, las empresas se escudan bajo la necesidad de contar con una orden judicial para poder actuar. El proceso formal es lento y no se acompasa a los tiempos virtuales. Y la que sale perdiendo siempre es la mujer.



MG: ¿Cuáles serían los cambios a nivel legal que deberían promoverse para incorporar la violencia en línea?



MLS: Si bien es cierto que existen pronunciamientos jurisprudenciales que ayudan mucho en el proceso, se necesita que se sintonice el discurso teórico o de letra muerta de la legislación colombiana, con la práctica en el acceso a la justicia. Realmente contamos con un Estado social de derecho, democrático, laico, participativo, incluyente, pero una cosa es la letra muerta de la norma y otra es la práctica cotidiana que hacen operadores, empresas y políticos, lo que incrementa los techos de cristal. Hay que desterrar los imaginarios sociales que sostienen muchas veces esas normativas, al colocar a las mujeres como culpables de lo que les sucede: por la forma de vestir, porque no quieren seguir con una relación que les hace daño, con el deber conyugal ajustado al paradigma de lo humano y el familismo, el deber de la mujer de conservar la familia no importa lo que le pase, etc. Más allá de esas transformaciones mentales, socioculturales y de reconocimiento, debe garantizarse la debida diligencia del Estado en cuanto a prevenir, sensibilizar, atender, investigar, sancionar y garantizar.



MG: ¿Cómo podría llevarse adelante una reforma que incorpore esta temática en todos los actores?



AMA: Poner el tema en la agenda pública. En ese momento las empresas comienzan a sentir presión de que hay que hacer algo al respecto. La sociedad civil se encargó de hacerles ver a los proveedores de servicios de internet que este es un tema pendiente. El Estado debe iniciar campañas de sensibilización y educación. A su vez, es necesario iniciar un diálogo entre el Estado, empresas privadas y sociedad civil, sobre esta temática para poder alcanzar acuerdos y acciones en conjunto, dando cuenta de las mejores alternativas para la regulación.



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Esta investigación forma parte del proyecto “Basta de violencia: derechos de las mujeres y seguridad en línea” de APC, financiado por el Ministerio de Asuntos Exteriores de Holanda (DGIS).