Yo también estuve ahí

A partir de la conmoción por el asesinato de Chiara Páez [1], en Argentina se convocó a una movilización masiva. Durante el mes de mayo, la propuesta recorrió las redes sociales y periodistas, artistas, escritores y activistas convocaron a una manifestación. Una respuesta espontánea que puso sobre la mesa el lema: #Ni una menos. Basta de femicidios.

A pesar del hartazgo, de la bronca por convivir con tanta violencia, de desnaturalizar los patrones culturales con lógicas machistas, es importante retomar la denuncia de la periodista María Florencia Alcaraz [2] cuando afirmó que a #NiUnaMenos no la parió Twitter, sino que la convocatoria surgió de la lucha histórica de las mujeres y más concretamente del movimiento feminista.

Lo que vivimos el miércoles 3 de junio fue producto de una reivindicación de décadas. No es de ahora. No es una moda. Hablemos claro: a las mujeres nos han matado, nos matan y si no exigimos políticas públicas, lamentablemente nos seguirán matando.

Por todo esto explotó la Plaza del Congreso, además de los ochenta puntos del país donde hubo distintas manifestaciones. Sin lugar a dudas se trató de un momento histórico.

La respuesta fue masiva y en la ciudad de Buenos Aires el Congreso se vistió de diversos colores. Pancartas con fotos de víctimas de femicidio inundaron la Avenida Rivadavia.

“No quiero tu piropos, quiero tu respeto”; “#NiUnaMenos”; “Ni ama, ni esclava”; “Basta de princesas indefensas” fueron solo algunos de los miles de carteles que dijeron presente en la manifestación. Pero quizás lo más interesante fue que se trató de un acto político, no desde lo partidario (si bien hubo sectores oportunistas que trataron de apropiarse del problema, como fue caso del Pro donde su dirigente Mauricio Macri se sacó una foto convocando a la marcha cuando fue uno de los responsables por cerrar el programa de atención a víctimas de violencia de la ciudad), sino desde su contenido.

Hubo reclamos concretos y contundentes. Al finalizar el acto se leyó un documento, redactado por el colectivo organizador de la movilización que fue leído por la actriz Érica Rivas, el actor Juan Minujín y la dibujante Maitena, donde se planteó una mirada integral de la problemática, entendiendo a los femicidios como un problema de derechos humanos.

“… El femicidio es la forma más extrema de esa violencia y atraviesa todas las clases sociales, credos e ideologías. Pero la palabra “femicidio” es, además, una categoría política, es la palabra que denuncia el modo en que la sociedad vuelve natural algo que no lo es: la violencia machista. Y la violencia machista es un tema de Derechos Humanos. […]

Erradicar la violencia contra las mujeres puede ser difícil pero no es imposible. Ni una menos es un grito colectivo, es meterse donde antes se miraba para otro lado, es revisar las propias prácticas, es empezar a mirarnos de otro modo unos a otras, es un compromiso social para construir un nuevo nunca más. Repetimos. No queremos más mujeres muertas por femicidio. Queremos a cada una de las mujeres vivas. A todas.”

El impacto de la manifestación fue inmediato. Cuarenta y ocho horas después de la movilización se aprobó la Resolución Nº 1449 del Ministerio de Justicia, donde se establece la creación de la Unidad de Registro, Sistematización y Seguimiento de femicidios y de homicidios agravados por el género.

En diálogo con el programa de género Graves y agudas (que se emite por Radio Sur FM 88.3), Ana Oberlín [3] remarcó que la decisión de que esta Unidad de Registro se realice desde la Secretaría de Derechos Humanos no fue una medida azarosa sino que demuestra un posicionamiento ideológico sobre el tema, “… tiene que ver con la importancia de que no sea considerado de ninguna manera una cuestión que nos pasa a las mujeres sino una cuestión que se reclama y se repudia desde toda la sociedad”.

Asimismo la funcionara enfatizó que esta Resolución no surgió como respuesta de la convocatoria realizada el 3 de junio en todo el país, sino que es el resultado de la planificación de una política pública que viene trabajando hace tiempo y que se comunicó el 5 de junio, no por razones coyunturales sino por retrasos administrativos.

De cualquier manera el tema se instaló en agenda. Ahora solo queda que las políticas públicas estén a la altura de las circunstancias. Los derechos de las mujeres son derechos humanos. #NiUnaMenos. Basta de femicidios.

A continuación se reproduce el documento leído por Érica Rivas, Juan Minujín y Maitena en la histórica movilización #NiUnaMenos, en la capital argentina contra el femicidio el pasado 3 de junio.

I

En 2008 mataron una mujer cada 40 horas; en 2014, cada 30. En esos 7 años, los medios publicaron noticias sobre 1.808 femicidios. ¿Cuántas mujeres murieron asesinadas sólo por ser mujeres en 2015? No lo sabemos. Pero sí sabemos que tenemos que decir basta. En estos años, los femicidios dejaron cerca de 1500 niñas y niños huérfanos y algunos de ellos están obligados a convivir con los asesinos. El problema es de todos y de todas. La solución hay que construirla en conjunto. Necesitamos sumar compromisos para cambiar una cultura que tiende a pensar a la mujer como objeto de consumo y descarte y no como una persona autónoma.

El femicidio es la forma más extrema de esa violencia y atraviesa todas las clases sociales, credos e ideologías: Pero la palabra “femicidio” es, además, una categoría política, es la palabra que denuncia el modo en que la sociedad vuelve natural algo que no lo es: la violencia machista. Y la violencia machista es un tema de Derechos Humanos.

Hablamos entonces de una cultura de la violencia contra las mujeres. Hablamos de hombres que piensan que una mujer es suya y que tienen derecho sobre ella, que pueden hacer lo que quieran, y que cuando esa mujer dice NO, la amenazan, le pegan, la matan para impedir que diga NO.

El femicidio es eso: marcar los cuerpos de las mujeres violentamente, y como amenaza para otras: para que las mujeres no puedan decir que no, para que renuncien a su independencia. Aunque la gran mayoría de las mujeres que recordamos aquí fueron asesinadas por hombres de su círculo íntimo, el femicidio no es un asunto privado, es producto de una violencia social y cultural que los discursos públicos y de los medios vuelven legítima, cada vez que alguien le dice puta a una mujer porque ejerce su sexualidad libremente, cada vez que alguien la juzga por las medidas de su cuerpo, cada vez que alguien la mira con sospecha porque no quiere tener hijos, cada vez que alguien pretende reducirla simplemente al lugar de la buena esposa o la buena madre, destinada a un varón.

El femicidio es un tipo de violencia particular: no es un tema íntimo o doméstico o sólo de las mujeres. En muchos femicidios también fueron asesinados los hijos como parte del castigo proyectado sobre ellas y su propia capacidad de dar vida.

Lo privado es político. Cada mujer que se atreve a decir basta, que quiere dejar de ser víctima para convertirse en sobreviviente, desafía a toda la estructura de la violencia machista. Pero ese es su momento más vulnerable, ahí es cuando con saña se pretende ajusticiarla y es entonces cuando más necesita de otros y de otras que ayuden a sostener su decisión: redes de afecto, sociales, asistencia del Estado y un activismo político fuerte que insista en decirle que no está sola y que no es su culpa. Para que ese BASTA, que por fin pudo enunciar, se sostenga en el tiempo. Eso es, también, lo que estamos haciendo hoy, acá, en esta plaza pública.

La violencia ejercida en el ámbito doméstico se vincula con cuestiones sociales que deben ser discutidas en la esfera de la política. A diferencia de otros crímenes, el femicidio se puede leer en una cadena: encontramos crímenes casi calcados por todo el país.

Por eso, afirmamos el derecho a decir NO frente a aquello que no se desea: una pareja, un embarazo, un acto sexual, un modo de vida preestablecido. Afirmamos el derecho a decir NO a los mandatos sociales de sumisión y obediencia.

Y porque decimos NO, podemos decir sí a nuestras decisiones sobre nuestros cuerpos, nuestras vidas afectivas, nuestra sexualidad, nuestra participación en la sociedad, en el trabajo, en la política y en todas partes.

II

Los femicidios no deben tratarse como problemas de seguridad. Y la lucha contra ellos exige una respuesta múltiple, de todos los poderes del Estado y todas sus instancias nacional, provincial, municipal pero también precisa una respuesta de toda la sociedad civil. Y en especial una respuesta por parte de los y las periodistas, comunicadores y comunicadoras, que son quienes construyen interpelaciones públicas.

En 2009 y por amplia mayoría (con 174 votos afirmativos y 3 abstenciones), el Congreso nacional aprobó la Ley de Protección Integral de las Mujeres, Ley Nº 26.485, un paso importante en la lucha contra la violencia machista. Sin embargo, todavía está pendiente la reglamentación de algunos artículos, incluido el Plan Nacional de Acción para la Prevención, Asistencia y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres.

Sin la reglamentación completa de la Ley, el diseño de políticas integrales y la asignación del presupuesto necesario para su instrumentación, esta herramienta lograda en 2009 resulta insuficiente para revertir el aumento de la violencia.

En el país existen líneas telefónicas y oficinas especializadas para orientar y asistir a las víctimas que sufren violencia machista. No alcanzan si no son acompañadas de políticas integrales.

No existe en la Argentina un registro oficial de femicidios. Los datos que mencionamos aquí son los que releva año tras año la Organización No Gubernamental Casa del encuentro.

Es fundamental contar con estadísticas oficiales. El Poder Judicial desempeña un papel en general ineficiente a la hora de dar respuesta a las víctimas. En muchas jurisdicciones, son ellas las que tienen que denunciar y luego ratificar la denuncia que hicieron en comisarías. Este sistema de doble denuncia está apoyado en la falta de confianza de la Justicia hacia las mujeres y contribuye a la impunidad del agresor. El aporte de pruebas y testigos depende enteramente de las víctimas y, si no lo hacen, las causas quedan paralizadas y luego se archivan. Se trata de un modelo de gestión judicial de la violencia contra las mujeres que suma desprotección y que no garantiza medidas efectivas. Con la impunidad para el agresor, el Poder Judicial agrega otro tipo de violencia para la denunciante: la violencia institucional. Muchas de las víctimas de femicidios habían denunciado antes y en reiteradas ocasiones al asesino.

A tantas otras mujeres no quisieron tomarles las denuncias. Esta inercia no puede continuar. Hay mujeres golpeadas y asesinadas por afirmar sus propias decisiones. Otras están desaparecidas, víctimas del delito de trata con fines de explotación sexual o laboral, y sus destinos siguen sin conocerse. En torno a algunas de esas mujeres desaparecidas se sospechan tramas mafiosas que incluyen la participación de la justicia y de las fuerzas de seguridad. Por ellas también pedimos justicia.

El modo en que los medios, mayoritariamente, tratan el problema, debe transformarse por completo: en muchos casos culpabilizan a las víctimas de su destino: hablan de su vestimenta, sus amistades, sus modos de divertirse. En el fondo, agitan allí el “algo habrán hecho”. Necesitamos medios comprometidos en la elaboración de protocolos, además del imprescindible cumplimiento de los protocolos existentes y de los códigos de ética para las coberturas periodísticas de estos casos.

La televisión repite imágenes y palabras que ubican a las mujeres en situaciones de desigualdad, dominación y discriminación. Repite estereotipos. El tratamiento noticioso de los casos de niñas y mujeres asesinadas o desaparecidas, con la invasión de la intimidad de las víctimas y la insistencia en revelar el modus operandi del asesino, contribuyen a que el femicidio se naturalice o se lo convierta en insumo para que el show continúe. Y esto ayuda a su reproducción.

Decimos Ni una menos, con el dolor de la suma de víctimas que crece y crece. Esta convocatoria masiva, esta enorme y comprometida participación social, son un grito unánime.

Es la manera que encontramos, en todas las plazas del país, con la movilización, con el dolor común, con la preocupación y la necesidad urgente, de poner en marcha acciones coordinadas que ataquen el problema; desde el origen la cultura machista, y hasta el fin de la cadena: la mujer golpeada, la mujer asesinada.

El Estado y los poderes reales, junto con la ciudadanía, debemos comprometernos a perfeccionar los instrumentos para combatir la violencia contra las mujeres, nuevos esfuerzos deben sumarse, codo a codo con el esfuerzo realizado por las organizaciones de mujeres, feministas, ONGs y personas comprometidas que trabajan en esto desde hace tiempo.

Es que los derechos de unas son los derechos de todos. La preservación de la vida y las decisiones de las mujeres son ampliación de libertad para todos y para todas. Forjemos nuevos modos de convivencia, estrategias para hilar cada vez mejor la trama de la vida en común. No queremos más lágrimas de duelo y sí más avances que festejar. No queremos más mujeres muertas por femicidio. Nos queremos vivas. A todas. #NiUnaMenos.

III

Pedimos, entonces, una serie de puntos ineludibles para recorrer el camino hacia Ni una menos:

1. Instrumentación en su totalidad y con la asignación de presupuesto acorde de la LEY N º 26.485 “Ley de Protección Integral para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres en los ámbitos en que desarrollen sus relaciones interpersonales”. Puesta en marcha del Plan Nacional que allí se establece.

2. Recopilación y publicación de estadísticas oficiales sobre violencia hacia las mujeres incluyendo los índices de femicidios.

3. Apertura y funcionamiento pleno de Oficinas de Violencia Doméstica de la Corte Suprema de Justicia en todas las provincias, con el objeto de agilizar las medidas cautelares de protección. Federalización de la línea 137.

4. Garantías para la protección de las víctimas de violencia. Implementación del monitoreo electrónico de los victimarios para asegurar que no violen las restricciones de acercamiento que impone la Justicia.

5. Garantías para el acceso de las víctimas a la Justicia. Atención de personal capacitado para recibir las denuncias en cada fiscalía y cada comisaría. Vinculación de las causas de los fueros civil y penal. Patrocinio jurídico gratuito para las víctimas durante todo el proceso judicial.

6. Garantías para el cumplimiento del derecho de la niñez con un patrocinio jurídico especializado y capacitado en la temática.

7. Creación de más Hogares/Refugio en la emergencia, Hogares de Día para víctimas, y subsidio habitacional, con una asistencia interdisciplinaria desde una perspectiva de género.

8. Incorporación y profundización en todas las currículas educativas de los diferentes niveles de la educación sexual integral con perspectiva de género, la temática de la violencia machista y dictado de talleres para prevenir noviazgos violentos.

9. Capacitaciones obligatorias en la temática de violencia machista al personal del Estado, a los agentes de seguridad y a los operadores judiciales, así como a profesionales que trabajan con la temática de violencia en diferentes dependencias oficiales de todo el país.

Todas las medidas requieren creación de instancias de monitoreo y seguimiento para su puesta en práctica y funcionamiento efectivo.

Erradicar la violencia contra las mujeres puede ser difícil pero no es imposible. Ni una menos es un grito colectivo, es meterse donde antes se miraba para otro lado, es revisar las propias prácticas, es empezar a mirarnos de otro modo unos a otras, es un compromiso social para construir un nuevo nunca más. Repetimos. No queremos más mujeres muertas por femicidio. Queremos a cada una de las mujeres vivas. A todas.

Lee también el artículo escrito por Florencia Goldsman sobre la iniciativa bajo el título #NiUnaMenos: violencia y activismo digital del derecho y del revés