Hablemos de políticas públicas de comunicación y género en América Latina

¿Existen políticas públicas de comunicación y género en la región? Para constatar los posibles avances en la materia, entre los años 2014 y 2016 hemos realizado desde la Asociación Civil Comunicación para la Igualdad dos investigaciones que analizaron las políticas públicas de comunicación y género en 10 países de América Latina: Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Uruguay, Venezuela, México, Ecuador, Colombia y El Salvador.
En algunos de estos países fueron aprobadas en los últimos años leyes de violencia de género que incluyen las figuras jurídicas de violencia simbólica y/o mediática o leyes de regulación de los medios de comunicación que incluyen disposiciones sobre género. La investigación analiza estas normativas en el contexto sociopolítico, económico y cultural en el que fueron generadas, e investiga qué desarrollo y cumplimiento han tenido las mismas.
Algunos de los hallazgos son que si bien hay consenso en la región en torno a la declaración de protección de los derechos vulnerados frente a la discriminación en los medios en general, no es tan claro ni tan potente el compromiso en relación, por un lado, con la implementación de políticas públicas sobre este tema, y con los derechos de las mujeres y de las personas en general por su condición de género y orientación sexual por otro.
En la mayoría de nuestros países tenemos normativa que recoge principios de no discriminación por razones de sexo y género, y en algunos se ha avanzado específicamente en la regulación de la violencia simbólica y mediática; sin embargo, esto no ha implicado transformaciones sustanciales en las escenas mediáticas y la mayoría de las iniciativas desarrolladas por los Estados, en el caso de haberlas, son más bien esporádicas y de bajo impacto.
A la vez, esta escena se registra más allá de la orientación política de los gobiernos. Si bien hemos tenido en los últimos años en América Latina gobiernos de centro izquierda que han intentado una redistribución de recursos materiales y simbólicos, esto no implicó en todos los casos la ampliación de los derechos de las mujeres en general, y los vinculados a comunicación y género en particular.
Consideremos brevemente la situación en cada uno de los 10 países estudiados:
Argentina: Si bien el país fue pionero en la región en el desarrollo de políticas públicas de comunicación y género, atraviesa actualmente una transformación de su escena política que afecta particularmente el campo de las comunicaciones y no se vislumbra claramente qué espacio tendrán los temas de género en una futura reformulación de la normativa sobre comunicación.
Bolivia: Tres de las 16 normas aprobadas en los últimos años en Bolivia sobre comunicaciones tienen disposiciones sobre temas de género fundamentalmente de tipo preventivo, que han sido sido acatadas por las empresas de medios; sin embargo estas normativas abordan fundamentalmente la producción informativa, y dentro de ella específicamente los temas de violencia, dejando de lado otros géneros comunicacionales y temáticas.
Brasil: No se logró, en 13 años de gestión del Partido de Los Trabajadores, avanzar en una nueva regulación de las comunicaciones, y mucho menos en la inclusión de la perspectiva de género en la misma; y en los últimos años las empresas de medios han sido actoras centrales en el proceso de destitución de la presidenta DilmaRousseff mediante coberturas sexistas que cuestionaban el rol de lideresa política que encarnaba.
Colombia:Si bien existen disposiciones sobre comunicación y género en diferentes normas, han sido escasísimamente implementadas; y la Corte Constitucional ha señalado históricamente que son las personas usuarias, y no el Estado, quienes deben ejercer el control sobre las vulneraciones de derechos en que pudieran incurrir los medios de comunicación. En este contexto, ha aumentado el debate sobre el uso de estereotipos sexista y se registran algunas pocas iniciativas institucionales locales.
Chile: Si bien apenas ha habido en los últimos años una reforma de la regulación sobre televisión digital que incluye perspectiva de género, se registra un mayor debate social y político sobre el tema a partir del accionar conjunto del Poder Ejecutivo a través de políticas blandas y propuestas de corregulación, estrategias de autorregulación de los medios, y prácticas reflexivas en aumento por parte de asociaciones de periodistas y de la incidencia de la sociedad civil y la academia en las discusiones.
Ecuador: En el año 2013 fue aprobada la Ley Orgánica de Comunicación (LOC), que no incluye disposiciones sobre género, sólo sobre discriminación y violencia en general; y que tampoco ha sido generosa en la regulación en torno a la discriminación: la mayoría de las denuncias fueron iniciadas por el funcionariado público por vulneración del derecho a la honra y en nombre del derecho a réplica y rectificación, lo cual le ha valido al país llamados de atención nacionales e internacionales por la afectación de la libertad de expresión.
El Salvador: Si bien el país cuenta con diversas normas de los últimos años que incluyen disposiciones sobre comunicación y género, esto no ha significado un cambio sustancial en la representación de los medios de comunicación, a excepción del sistema público.Actualmente, se encuentra en debate un proyecto sobre regulación de la comunicación que incluye perspectiva de género; sin embargo, se percibe poca disposición del Estado, la academia y las empresas de medios para acatar e implementar la normativa.
México: Una reforma sustancial en 2013 de la regulación sobre comunicaciones no incluyó perspectiva de género; sin embargo, se ha logrado en los últimos años que el Estado acepte transversalizar la perspectiva de género en la misma, aunque aún no se ha implementado.
Uruguay:A fines del 2014 fue aprobada una nueva Ley de Servicios de Comunicación Audiovisualque propone la democratización de la escena mediática; sin embargo, la coalición política de centro- izquierda que gobierna el país no termina de acordar la puesta en marcha de la misma. En relación a género, esta nueva norma no es generosa: apenas propone una cláusula antidiscriminatoria.
Venezuela:Si bien es el país de la región que tiene un marco normativo más antiguo -y más completo, junto con Argentina-, en relación a comunicación y género, prácticamente no ha desarrollado políticas públicas durante los últimos 8 años.
En todos los casos hemos notado que hubo más acciones en pos de la concreción de los objetivos de la Plataforma de acción de Beijing por parte de la sociedad civil que de los Estados. Sin embargo, el rol de éstos es central en dos aspectos: como sujeto promotor de transformaciones e iniciativas – con los recursos humanos y económicos que esto puede implicar si el compromiso es importante – y también como promotor para la inclusión en las escena comunicacional de sujetos habitualmente excluidos como son, entre otros, las mujeres y las personas con identidades de género y orientaciones sexuales disidentes.
Los Estados deben estar presentes recordando que la promoción de la igualdad de género en la comunicación es un derecho humano garantizado en los tratados regionales e internacionales y en muchos países por leyes nacionales que las empresas de medios deben respetar
Year of publication: 
2014