A 30 AÑOS DE LA DECLARACIÓN DE BEIJING - DEFENDER LOS CUERPOS Y TERRITORIOS DIGITALES DE LAS DEFENSORAS MESOAMERICANAS  ES UNA NECESIDAD URGENTE

Defensoras bajo ataque digital: 30 años después de Beijing

El 27 de octubre de 2020, las defensoras de derechos humanos en Nicaragua se fueron a dormir con una noticia que marcaría un antes y un después en la vida de muchas de ellas: la aprobación de la Ley Especial de Ciberdelitos. Lejos de ofrecer protección ante las agresiones digitales, esta ley ambigua se convirtió en una herramienta de persecución. Amparándose en supuestos delitos contra la “seguridad del Estado”, el gobierno legalizó poder encarcelar a quienes alzaban la voz en redes sociales y medios de comunicación, con penas de hasta ocho años. Desde entonces, muchas han sido criminalizadas y privadas de libertad bajo está Ley.

Este no es un caso aislado, sino parte de un panorama más amplio de evolución y sofisticación en las formas de agredirnos, a las defensoras de derechos humanos, justo cuando se cumplen tres décadas de la Declaración y Plataforma de Acción de Beijing. Aquel hito internacional convocó al mundo a construir un futuro de igualdad y paz, reconociendo que las mujeres enfrentamos múltiples barreras por razones de género, raza, edad, origen, discapacidad o identidad. Beijing también llamó a derribar esos obstáculos interconectados con realidades como la pobreza, la educación, la violencia, la participación política y el acceso a la información.

Desde ese horizonte, la IM-Defensoras nacimos en 2010. Somos una red de protección, acuerpamiento, cuidados y resistencia frente a las violencias que enfrentamos por defender derechos humanos y, además, por ser mujeres o disidencias sexuales y de género. En estos 15 años, hemos impulsado estrategias de Protección Integral Feminista (PIF), reconociendo la importancia de cuidar de manera colectiva nuestros cuerpos, territorios y espacios físicos y digitales.

Hoy en día, lejos de cesar, los ataques en contra nuestra persisten y recurren a nuevas estrategias y modalidades de agresión. La misoginia, el racismo, el clasismo, la simulación democrática, las políticas de mano dura y el capitalismo depredador siguen marcando las reglas del juego. Frente a nuestra resistencia, los poderes estatales y fácticos buscan silenciarnos, y los territorios digitales se han convertido en un nuevo campo de batalla.

Por eso, en 2024 realizamos una investigación en México, El Salvador, Honduras y Nicaragua para comprender mejor estos desafíos. A las puertas del proceso Beijing+30, compartimos algunos hallazgos con una certeza: proteger nuestras voces en el espacio digital no es solo una demanda técnica, sino una urgencia vital y política. 

Mesoamérica: la evidencia de las brechas en el cumplimiento de compromisos de Beijing

En Mesoamérica, defender derechos humanos significa hacerlo en medio de un territorio hostil marcado por la desigualdad, la impunidad y la violencia patriarcal. El informe realizado a partir de nuestro sistema de registro de agresiones Datos que nos duelen redes que nos salvan muestra que las defensoras habitamos entornos políticos y sociales que, lejos de garantizar derechos, se han endurecido con el paso de los años.

Nos enfrentamos a la cooptación y desmantelamiento de la ya de por sí frágil institucionalidad democrática de nuestros países y al auge de políticas de mano dura que vulneran nuestro derecho a organizarnos y defender derechos humanos, criminalizan la protesta y utilizan marcos legales restrictivos para frenar la acción colectiva. La militarización de la seguridad pública se traduce en un aumento de la represión contra los movimientos sociales, mientras las Fuerzas Armadas son usadas para contener, vigilar y castigar a quienes defiendemos la vida y el territorio.

La violencia generalizada y patriarcal atraviesa nuestros cuerpos y nuestras luchas. La violencia feminicida, las amenazas y el acoso —incluida la violencia digital— forman parte de un continuum que se intensifica en contextos de capitalismo neoliberal y extractivista y la presencia del crimen organizado. La violencia sexual y simbólica sigue siendo usada como herramienta de control político y social, particularmente contra mujeres que lideran resistencias territoriales y comunitarias.

A esto se suma la estigmatización sistemática de nuestro trabajo. Las campañas de difamación y el discurso de odio en medios y redes sociales que buscan deslegitimar la defensa de los derechos humanos, mientras el hostigamiento judicial, la vigilancia física y digital y la criminalización pretenden desgastarnos y aislarnos.

Estos patrones de agresión contradicen los compromisos asumidos hace 30 años en la Declaración y Plataforma de Acción de Beijing, y evidencian las brechas profundas que persisten en su cumplimiento.

Desafíos en el ámbito digital: ¿Dónde estamos ahora?

En Mesoamérica, defender derechos humanos se ha vuelto un acto de resistencia. Lejos de garantizar derechos, los Estados han desplegado estrategias que buscan callar las voces críticas: cooptación de instituciones, militarización, violencia patriarcal, impunidad, estigmatización y criminalización. Estas no son tendencias aisladas, sino mecanismos de poder que actúan tanto en los territorios como en el ciberespacio.

La tecnología no existe en un vacío. Se cruza con lo político, lo económico y lo social. Para las defensoras, eso significa que el mundo digital refleja —y a menudo amplifica— las desigualdades y violencias que ya vivimos en la calle, en las comunidades y en nuestros cuerpos. La investigación Cuerpos digitales, territorios en disputa, realizada con defensoras de México, El Salvador, Honduras y Nicaragua, identificó dos factores clave que marcan nuestra vida en internet: los contextos políticos, que determinan el nivel de derechos humanos en cada país; y la economía de las grandes tecnológicas, que define las reglas del espacio digital. Ambos se combinan para crear un entorno cada vez más hostil.

En toda la región vemos un mismo patrón: el ascenso de la ultraderecha, agendas reaccionarias y el desmantelamiento acelerado de algunas de las principales conquistas sociales logradas en lás últimas décadas. Bajo el neoliberalismo, crece la desigualdad, se precariza la vida, se despoja a las comunidades y se expulsan pueblos de sus territorios. En este terreno fértil, liderazgos populistas alimentan el desencanto social fabricando “enemigos” y gobernando con políticas autoritarias.

No lo hacen solos. Se apoyan en los poderes fácticos de siempre: grandes empresarios, fundamentalismos religiosos y crimen organizado. En ese marco, las defensoras somos etiquetadas como “enemigas” por denunciar abusos, cuestionar intereses corporativos o sostener una voz feminista contra la injusticia social.

Las tecnologías digitales son ahora herramientas centrales de  las políticas de mano dura. Marcos legales inadecuados no permiten garantizar nuestra protección ante los ataques en línea, mientras los propios gobiernos y las corporaciones invierten en estrategias digitales de represión: vigilancia masiva, allanamientos y robo de datos y equipos, campañas de odio y desinformación, incluyendo software espía.

Nada de esto es casual. Las corporaciones tecnológicas se benefician del odio en línea, sus algoritmos priorizan contenidos violentos porque generan clics y ganancias. En otras palabras, la violencia contra defensoras no solo es tolerada, es un negocio rentable que los gobiernos autoritarios aprovechan.

Nuestros datos más recientes lo confirman: entre 2024 y el primer semestre de 2025 se registraron 3,423 agresiones digitales contra al menos 374 defensoras y 58 organizaciones. Una de cada tres ocurrió en entornos digitales (33%), y 91% tuvo lugar en redes sociales, donde el anonimato alimenta la impunidad. Esta violencia no es aislada, es estructural y se dirige contra colectivos (50%), defensoras individuales (39%) y organizaciones (11%). Las compañeras más atacadas son quienes defienden la participación política (30%), la libertad de expresión (18%) y el territorio (12%).

Las formas de violencia digital son múltiples: cuestionamientos a la moral y liderazgo (670 casos), campañas de difamación (549), odio viral (265), desprestigio (190), hostigamiento (154) y amenazas directas (108), incluidas 21 amenazas de asesinato. Más de la mitad (52%) tuvieron componente de discriminación por género. Los principales agresores fueron usuarios anónimos (71%), aunque también hubo participación de autoridades (9%), partidos políticos (5%) y grupos fundamentalistas (4%). Muchas agresiones fueron orquestadas por troles financiados por Estados o poderes fácticos.

La violencia digital no es nueva, es una extensión de estrategias históricas de represión contra movimientos feministas y populares. Sus impactos son profundos: miedo, autocensura, desplazamiento forzado y erosión de nuestra legitimidad pública.

A esto se suma el carácter extractivo de la economía digital global. Empresas tecnológicas del Norte Global explotan nuestros datos como recurso, dejando a nuestras comunidades los costos sociales: desinformación, hostigamiento y pérdida de privacidad. Controlan también infraestructuras críticas como satélites, cables submarinos y centros de datos, reforzando su poder y colaborando con Estados que sistemáticamente vulneran derechos humanos y nos agreden.

Las brechas entre los compromisos de la Plataforma de Acción de Beijing y la realidad actual son urgentes de atender. Son el resultado de una articulación entre el avance de las políticas de seguridad y mano dura y modelos corporativos que se alimentan del conflicto. Para proteger nuestras vidas y voces en el ámbito digital, es urgente enfrentar ambas dimensiones al mismo tiempo.

Recomendaciones urgentes hacia Beijing+30: proteger a las defensoras en el espacio digital

En el proceso de revisión de la Declaración y Plataforma de Acción de Beijing+30 es urgente que se reconozca y aborde de manera prioritaria la violencia digital que enfrentamos las defensoras de derechos humanos. Esta forma de agresión, cada vez más extendida en la región mesoamericana, constituye una herramienta de silenciamiento y control que amenaza no solo la libertad de expresión, sino también la seguridad y la vida de quienes luchamos por la justicia social.

Desde las organizaciones feministas y de defensoras de la región, señalamos la necesidad de diagnósticos situacionales con enfoque territorial y de género, construidos a partir de las experiencias y testimonios de las propias defensoras. Estos diagnósticos deben permitir profundizar en los estándares de protección, así como diseñar estrategias y medidas integrales que respondan a la complejidad del entorno digital actual.

Recomendaciones clave

Proponemos una agenda política con acciones urgentes a nivel nacional, regional e internacional:

1. Registros oficiales y estandarizados: Los Estados deben crear sistemas de documentación específicos sobre agresiones digitales, base fundamental para prevenir, investigar y garantizar la no repetición.
2. Respuesta inmediata y medidas integrales: Los mecanismos de protección deben incluir acciones como el retiro de contenidos violentos, apoyo psicosocial a las víctimas de la violencia, así como la reposición de equipos y conectividad.
3. Investigación efectiva y coordinación estatal: Exigimos tiempos de respuesta ágiles, investigación del uso de software espía y acción interinstitucional frente a redes organizadas de odio y desinformación.
4. Regulación de plataformas digitales. Las empresas deben asumir responsabilidades que incluyan: canales verificados de denuncia; restauración rápida de cuentas; moderación con enfoque de derechos; supervisión humana con conocimiento local y contención de algoritmos que amplifican el odio
5. Protocolos específicos y enfoque feminista. Necesitamos procedimientos diferenciados que reconozcan nuestro papel político y protejan nuestros cuerpos digitales como defensoras de derechos humanos.
6. Acción internacional coordinada. Urge reconocer la violencia digital como amenaza a la paticipación política y la defensa de derechos humanos por parte de las mujeres y las disidencias sexo-genéricas; establecimiento de mandatos a relatorías para alertas y medidas cautelares; guías prácticas basadas en experiencias reales, fondos flexibles de emergencia, estándares comunes de registro; cooperación transnacional contra ataques organizados

Una agenda para el presente

Beijing+30 debe responder a los desafíos del presente, incluyendo la protección de nuestros cuerpos en el entorno digital. La violencia digital contra defensoras no es un daño colateral, es parte de una política estructural. Enfrentarla es una condición para avanzar hacia vidas dignas y libres, también en el espacio virtual que habitamos.